Por Mariana Mamani desde Jujuy
La decisión del gobierno de Jujuy de privatizar la salud pública a través del cobro de un bono, del que solo se exime a quienes demuestren ser indigentes, generó un amplio rechazo en la comunidad. La ley, que contó con el respaldo del oficialismo y una parte del peronismo local, afectará a más de 280.000 jujeños, la mitad de la población económicamente activa de la provincia.
En las tierras del Dr. Carlos Alvarado, sanitarista de extensa trayectoria y defensor de la salud pública, la provincia se convierte, cien años más tarde, en un laboratorio. Una decisión escandalosa e inconstitucional que ignora las constituciones nacional y provincial, además de los tratados de Derechos Humanos. Pasan los días y el rechazo al Seguro Provincial de Salud (SEPROSA) crece. Dirigentes de organizaciones sociales, derechos humanos, sindicales y políticas expresaron su rechazo en la Legislatura provincial y denunciaron que “la Ley 6453 no es más que la privatización de la salud pública en Jujuy».
El secretario General de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública, Nicolás Fernández, recordó que la aprobación de la norma “es parte de un proceso de siete años que venimos denunciando, desde el 2017 cuando (Gerardo) Morales nombró (ministro) a Bouhid y éste presentó su Plan Estratégico de Salud en dos etapas: la primera etapa fue la desestructuración, desmantelamiento del sistema público de salud”, relató.
El SEPROSA, según el gobierno de Carlos Sadir, es para fortalecer el servicio público de salud debido a los recortes presupuestarios del gobierno nacional. Para eso, obliga a pagar una cuota mensual de 50 mil pesos a quienes carecen de cobertura médica. Es coercitivo, el artículo 12 de la ley, establece que todas las reparticiones de la Administración Pública Provincial y Municipal requerirán a sus usuarios acreditar la inscripción al sistema del Seguro Provincial de Salud y/o estar exceptuado del mismo. Para evitar pagarlo, habrá que acreditar pobreza: las personas exceptuadas deberán demostrar que no superan el mínimo establecido en dos Salarios Mínimo Vital y Móvil al momento de tramitar el certificado de eximición.
Pero detrás de esta nueva etapa hay fines recaudatorios, así lo señalaron distintas organizaciones. “Venimos denunciando el desmantelamiento de hospitales y ahora nos damos con un bono. Esta ley es recaudatoria y la venden como solidaria”, reclamó Daniela Jaled, referente de Frente Patria Grande Argentina Humana.
Por otra parte, Fabiola Suárez representante de organismos de derechos humanos dijo que “lo peor de todo es que quieren hacer un registro de pobres, para la gratuidad tenes que demostrar la pobreza de la pobreza, es una aberración”. También hizo referencia a la intervención del legislador Rubén Rivarola, presidente del bloque del PJ, que defendió la ley impulsada por el radicalismo y dijo que el bono equivale » a cinco gaseosas para tener salud». “Es una vergüenza lo que dijo, sabemos que vive de la salud y del Estado. Lamentablemente nuestros compañeros desaparecidos, los organismos de derechos humanos hemos luchado por justicia social, la democracia para que estos sinvergüenzas que ocupan una banca legislen leyes en contra el pueblo”, dijo.
Las organizaciones analizan realizar acciones judiciales, se declaran en estado de alerta e insisten en la perversidad del oficialismo de jugar al doble mensaje. La dirigenta Amelia de Dios, de “Generación Valiente», se refirió a la inconstitucionalidad de la ley. “Además de luchar contra la precariedad impuesta por este gobierno, vas a tener que pagar para que te atiendan o demostrar que sos pobre. No solo la cuota mensual, sino también un coseguro. Y todo esto de manera obligatoria. El Seguro Provincial de Salud deja a miles de jujeñxs fuera del acceso a la salud, un derecho que debe ser público, universal y gratuito. Claramente está Ley es Inconstitucional”, dijo.
La antropóloga de la Universidad Nacional de Jujuy Gabriela Garasik señaló que cuando “trascendió el pago a los extranjeros muchos salieron ingenuamente a decir que estaban a favor, y al día siguiente vienen por todos». «Son medidas engañosas, querían señalar que se ahorran plata”, dijo respecto a las declaraciones del ministro de Hacienda, Federico Cardozo, que aseguró que “Jujuy se ahorra 10 mil millones de pesos con el cobro a extranjeros”.
El ministro Bouhid describió el proyecto como una “herramienta legal y administrativa que permite a todos los que no tenían cobertura podrán poseer a través del ISJ, nuestra obra social de la provincia. Permite mayor accesibilidad a la gente tanto en el servicio público y privado”. Señaló que aquellos que “tienen capacidad de pago, sectores de mayor nivel de la sociedad, que sabemos que tienen negocios, ferias, transporte, autos, camionetas 4×4 y están concurriendo al sistema público de salud van a empezar a pagar el SEPROSA, que hemos planteado desde el punto de vista solidario. Aquellos que más tienen, puedan aportar al sistema y sostener el sistema para los que menos tienen”, expresó el funcionario, que también es empresario de la salud.
El SEPROSA es una continuidad del cobro de atención a extranjeros sancionado en septiembre de este año. “Advertimos que avanzaban y ahora lo hacen contra toda la ciudadanía jujeña, convirtiendo a la provincia en la primera en privatizar la salud pública, es grave», dijo Fernández.
Desde la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), el secretario General Rubén Camaño, describió que hay sanciones, persecución a profesionales, amenazas, y malos trato desde el ministerio hacia los médicos. “La parte privada quiere tomar protagonismo. Los jerarcas políticos que reciben premios en el Senado que no hacen nada y otros dueños de sanatorios importantes, que tienen al personal en negro, son coparticipes”, afirmó respecto al SEPROSA. Por otra parte, desde “Primero la Patria” expresaron un“profundo rechazo a esta ley que atenta contra el sistema público y contra la población jujeña de más escasos recursos”.