Mientras las agrupaciones defensoras de genocidas de la última dictadura dejan todo en la pelea por lograr que todos y cada uno de los represores acusados y condenados por cometer crímenes de lesa humanidad regresen a sus casas, algunos de ellos patean en contra. Es el caso de José Maidana, imputado por secuestros, torturas, homicidios y otras violaciones a los derechos humanos sucedidas en Bahía Blanca durante el terrorismo de Estado, que el perdió el beneficio del arresto domiciliario tras ser acusado de abuso sexual infantil. Hace un año, y desde su casa, Maidana utilizó su declaración indagatoria en el juicio de lesa humanidad en el que es acusado, para descalificar fiscales, testigos y abogados querellantes y proferir amenazas.
La notificación llegó al Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca el 23 de diciembre proveniente de Córdoba. Un día antes, la agrupación de abogados defensores de genocidas Justicia y Concordia, difundieron la detención de Maidana como si hubiera sido uno más de los “ataques de los terroristas en los 70s”. Indicaron que el militar acusado de represor había sido trasladado a la cárcel de Bower, pero omitieron explicar las razones.
Quien sí las aclaró fue Franco Pilnik, fiscal a cargo de la Fiscalía de Instrucción especializada en Cibercrimen de la capital provincial. En su comunicación al TOF de Bahía Blanca, informó su decisión de ponerle fin al beneficio del que gozaba Maidana desde la pandemia tras acusarlo de “productor de material de abusos sexual infantil”, planteó el fiscal en la comunicación en la que le explicó a los jueces Ernesto Sebastián, Sebastián Foglia y Marcos Aguerrido que “atento a determinadas circunstancias relativas a la evidencia digital y contacto con las víctimas, se entendió que no podía permanecer en su domicilio cumpliendo la modalidad dispuesta” por ellos en el marco de la pandemia de Covid-19, según dio a conocer el sitio de noticias local El Ágora.
Desde H.I.J.O.S. La Plata, querellante en el megajuicio de lesa humanidad en el que Maidana es uno de los acusados, repudiaron la noticia. “Lo que más nos preocupa es que estos sujetos que sabemos que han cometido los peores crímenes que han pasado en la Argentina tienen estas domiciliarias laxas que nadie controla”, subrayó Alejandra Santucho, referente del espacio. Y completó: “Tienen que suceder eventos de esta naturaleza para tomar conciencia de que tienen que estar en prisión. ¿Cuántos habrá como él, de que tienen estas domiciliarias y siguen violando la ley sin que nadie controle?”.
Maidana fue detenido en 2016 en su casa de la ciudad cordobesa de Viamonte. Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia, de la Unidad Fiscal especializada en Derechos Humanos de Bahía Blanca venían insistiendo al Juzgado de instrucción, entonces a cargo del juez Santiago Ulpiano Martínez –luego sería apartado–, en su detención, que demoró tres años. Desde su puesto a cargo de la compañía de Infantería “Combate Mayor Keller”, durante los primeros años de dictadura, Palazzani y Nebbia lo señalaron responsable del secuestro y torturas que sufrieron más de 60 personas en la zona sur del país. Previo a 1976, Maidana participó del Operativo Independencia.
Permaneció en prisión hasta mayo de 2020, cuando su defensa aprovechó la ola de pedidos de domiciliaria con la que represores condenados e investigados por crímenes de lesa humanidad inundaron despachos de juzgados de instrucción y tribunales federales bajo la excusa de la pandemia de Covid. Dos años después, Maidana comenzó a ser juzgado junto a otras tres decenas de represores acusados de cometer crímenes de lesa humanidad dentro de lo que fue la Zona de Defensa V del Ejército.
El debate oral y público comenzó en febrero de 2022 y transita por estos tiempos la instancia de alegatos. Desde su casa en Santa María, Córdoba, Maidana hizo uso de su derecho a ampliación indagatoria a principios de año. Se lo vio y oyó durante dos audiencias en febrero pasado, en buen estado de salud, atento y enfocado en su exposición, que resultó agresiva, descalificante y negacionista.
Para negar sus crímenes, Maidana atacó el proceso de juzgamiento de crímenes contra la humanidad, las acciones en pos de la memoria, la verdad y la justicia e incluso profirió amenazas. Al cierre de su declaración, el auxiliar Pablo Fermento “hubo algunas expresiones que ingresan en el terreno de extrema gravedad e injuria” por parte del acusado. Como ejemplo, Fermento puntualizó “la creación de lo que llamó una inútil versión local del holocausto en la Escuelita –el centro clandestino de detenicón más importante de la ciudad, donde funciona un sitio de memoria– con los impuestos de todos o una supuesta justicia retributiva que habrá de llegarle a todos los que participamos de estos procesos”.
Así, la Fiscalía solicitó la supresión de esos fragmentos “excesivamente agraviantes y ultrajantes que no tienen que ver con el objeto procesal en juicio ni con el derecho a defensa” del acusado.