Lo que hasta ahora sólo se había insinuado, ya pasó a ser oficial: el gobierno admite que entre las anclas para la inflación no solamente se cuentan las tres de las que se habla a diario -monetaria, fiscal y cambiaria- sino que también figura el salario.
El propio Luis Caputo convalidó esa definición, al retuitear un mensaje de Federico Furiase, uno de los principales estrategas del plan económico. Furiase argumentó que una contención de las subas salariales -lo que implica un intervencionismo explícito del gobierno en las paritarias- son importantes en la conformación de expectativas sobre la inflación.
Puede sonar raro para un gobierno que siempre ha defendido la tesis del origen exclusivamente monetario de los aumentos de precios y que desestima las teorías sobre la incidencia de la «puja distributiva».
Sin embargo, ahí está: Caputo se enorgullece de haber forzado, por la vía de no homologar la propuesta original- la paritaria del gremio camionero, y así haber enviado un mensaje al resto del mercado sobre cuál debe ser la referencia a la hora de negociar aumentos.
«La nominalidad de las paritarias convergiendo hacia las expectativas de desinflación, aun en un entorno de corrección de precios relativos y recuperación económica en «V», es clara señal de la credibilidad en las anclas del programa macro como motor principal de la desinflación con crecimiento y orden macro», fue el argumento de Furiase, en una frase destinada a comentar el cierre de la pauta salarial para el gremio camionero.
Traducido del lenguaje técnico: con las paritarias que se acaban de firmar, el gobierno quiere dar a entender que en 2025 habrá una nueva etapa, en la cual ya no habrá incrementos mensuales, sino acuerdos más espaciados, a tono con una inflación en descenso. Y que, aun cuando haya aumentos fuertes en los servicios -la «corrección de precios relativos»-, habrá factores que hagan de compensación -como la apertura a las importaciones-, de forma tal que no será necesario un gran aumento nominal para garantizar que el salario pueda cubrir el presupuesto familiar.
La vigencia del «techo Moyano»: una estrategia que usan peronistas y liberales
No es, por cierto, la primera vez que se acude a un gremio grande para marcar cuál debe ser el «techo» de aumentos que soporta la economía. Y lo curioso es que en este punto parecen borrarse las diferencias ideológicas: lo aplicaron tanto los gobiernos peronistas como los liberales.
Néstor Kirchner, hace 20 años, fue el primero en instaurar el famoso «techo Moyano». Consistía en aprovechar la alta visibilidad y poder político de un gremio grande como el de camioneros, para enviar a todo el mercado una señal sobre cuál debería ser el porcentaje máximo de aumentos que el gobierno consideraba saludable.
Esa estrategia llevaba implícito un temor: que si en algún rubro de la actividad se firmara una cifra mayor, eso se tradujera en presión inflacionaria. Los gobiernos saben que, en ocasiones, las cámaras empresariales, para evitar conflictos, se avienen a firmar por cifras que exceden su capacidad, y luego compensan por la vía de trasladar el costo laboral a los precios de sus productos y servicios.
Es así que el «techo Moyano» funcionó en prácticamente todos los períodos de gobierno. Y cuando hubo mala relación -por ejemplo, en el segundo mandato de Cristina Kirchner, que se enfrentó a Hugo Moyano- fue sustituido por una referencia alternativa, como el del gremio metalúrgico -entonces se hablaba del «techo Caló»
Lo cierto es que Toto Caputo confirmó que no es la excepción a la regla. Como sus predecesores, se preocupa de que el mercado no reciba mensajes erróneos sobre la marcha de la economía. Y por eso, a los pocos meses de asumir, vetó la homologación de la paritaria camionera para marzo y abril, que en su versión original duplicaba la inflación que proyectaba el gobierno.
El conflicto se resolvió de forma negociada, dentro de la más pura tradición peronista: Hugo Moyano accedió a reducir la cifra de aumento salarial, pero a cambio obtuvo un bono de suma fija, lo cual en términos reales implicaba que cumpliría su pretensión original pero sin dar la señal que el gobierno consideraba peligrosa. Un «win-win» que acaba de repetirse hace pocas semanas, cuando otra negociación destrabó el conflicto en el sector.
Así, el veterano líder camionero aceptó que en vez del 8% trimestral que aceptaban dar los empresarios, el aumento nominal quedara acotado a 5,5% -un 2,2% en diciembre, un 1,8% en enero y un 1,5% en febrero-. Una vez más, un bono de suma fija «no remunerativo» completará ese pago, lo que hace que, en términos reales, para las mayores empresas del sector el incremento salarial termine siendo el previsto originalmente.
La pulseada por el salario de los empleados estatales
Es ahí donde surge el interrogante: si en cada negociación con Moyano igualmente habrá un aumento mayor al que el gobierno pretende, ¿cuál es el sentido de transmitir una cifra que sólo existe en el plano teórico? La respuesta la da el propio gobierno: se pretende establecer una referencia para incidir en las expectativas para todo el mercado.
En otras palabras, lo que los funcionarios tienen en mente al negociar con Moyano no es el salario camionero, sino el resto de las paritarias que están en plena negociación.
Y hay, particularmente, un sector que le interesa sobremanera a Caputo porque cada aumento salarial que se negocie debe salir del bolsillo fiscal: el de los empleados estatales, uno de los grandes gremios que está revisando sus números, y con riesgo de conflicto.
Allí, sobre todo, es donde el ministro quiere imponer el criterio de que los salarios que se acuerden deben estar en línea con la inflación oficial proyectada, que tenderá al 1% mensual.
Es claro que ese objetivo planteado por el gobierno no es algo que el mercado crea que puede ocurrir en el corto plazo. La encuesta REM del Banco Central prevé que hasta mayo, la inflación se ubicará por encima del 2% mensual.
Pero para el gobierno, es importante que el salario estatal se mantenga dentro de su previsión, precisamente para confirmar su vocación fiscalista y que no entre en duda el superávit. El rubro salarial del presupuesto nacional -es decir, lo que se paga a los empleados de la administración central- equivale al 13,7% del gasto primario. Y el objetivo oficial es que este rubro no incremente su peso, justo en un año en el que habrá menores fuentes de ingreso tributario.
La inflación proyectada y el nivel máximo de sueldo hasta donde llegará Luis Caputo
En este momento, la paritaria estatal está en un impasse, y desde los sindicatos no descartan que, ante la ausencia de acuerdo, el gobierno defina los aumentos por decreto. La postura oficial es de aumentos de 1% mensual hasta abril.
Si se tiene en cuenta que el gremio camionero aceptó que su incremento de febrero sea de 1,5%, ahí puede haber una referencia sobre la cual será el nivel máximo hasta donde Caputo esté dispuesto a llegar.
Con la estadística del INDEC en la mano, el gobierno defiende el argumento de que los salarios están en recuperación: subieron un 168% en 12 meses, todavía debajo de la inflación, mientras que la inflación hasta noviembre se ubica en 166%.
Claro que dentro de esa estadística hay diferencias entre el sector privado y el público. Así, mientras los primeros ya superaron en 7% el nivel de hace un año, entre los estatales todavía hay un retraso del 10%.
Los números que manejan los sindicatos estatales son peores aún: alegan que en 2024 hubo una mejora nominal de solo 74% frente a una inflación que los economistas estiman en 117%. En términos reales, implicaría una caída del 20%.
Para que en 2025 se pueda mantener el nivel adquisitivo actual, los salarios deberán recibir un ajuste mensual promedio de 2,2% -suponiendo que se cumpla el pronóstico de un 30% de inflación en el año-. Por encima de esas cifras, las encuestas entre las mayores empresas privadas ya hablan de una previsión de aumento acumulado en el año en el orden del 45%, para el personal fuera de convenio.