El Ministerio de Economía busca modificar la reglamentación para que las empresas de distribución de gas no puedan cortar el suministro a usuarios que decidan no pagar las tasas municipales y provinciales.
Esa medida se da en el marco de la cruzada del ministro de Economía, Luis Caputo, contra el cobro de tasas municipales y/o provinciales en las boletas.
«Vamos a tener que cambiar el reglamento del servicio para que las distribuidoras no puedan proceder al corte del suministro si el usuario decide no pagar conceptos ajenos a la prestación del servicio. Es el caso de las tasas municipales y/o provinciales donde la distribuidora no es el sujeto pasivo sino simplemente agente de recaudación», explicaron desde un despacho oficial, según consignó Infobae.
Por el momento no está previsto hacer lo mismo en el caso de las tarifas de electricidad. Con ese objetivo, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) buscará cambiar el reglamento del servicio para que las firmas de distribución no puedan cortar el suministro a los usuarios que decidan no pagar conceptos ajenos al servicio.
Luis Caputo Ministro de Economia
Mariano Fuchila
La decisión se ampara en la Ley 24.076, la Resolución de la Secretaría de Comercio 267/24, la Resolución de Enargas y la Ley de Defensa del Consumidor 24.240, normas que prohíben incorporar tasas e impuestos en las boletas de los servicios públicos.
Recientemente Caputo volvió a la carga contra los intendentes que cobran tasas en las facturas de servicios públicos e instó a los gobernadores a tomar medidas para evitar esa práctica a través de una nota enviada a las 23 provincias. El ministro de Economía afirmó que esos cargos incluidos en las boletas impiden una reducción más rápida de la inflación.
Convocatoria a la audiencia pública de gas
Por su parte, el Enargas convocó hoy a audiencia pública para el 6 de febrero en la que buscará dar inicio al proceso de Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) con las distribuidoras y transportistas.
De la revisión, surgirán las nuevas tarifas para el período 2025-2029, por lo que habrá aumentos nominales en las facturas de los usuarios además de un mecanismo de actualización «periódico» por inflación y/o devaluación.
Se les garantizará a las empresas un sendero previsible de ingresos en los próximos cinco años a cambio de planes de inversión y estándares de calidad en la prestación.