El que tiró la primera piedra fue, a no dudarlo, el economista Orlando Ferreres. Insinuó que el dólar “teórico” ronda los $1.600. Lo mismo señaló, encriptado, Domingo Cavallo, otrora ideólogo del Gobierno y ahora picapedrero nanotecnócrata del “modelo”.
Ambos economistas, también en sintonía, han marcado en las últimas horas algo que es obvio y que en la Casa Rosada ya saben: si el dólar cotiza a $1.100, entonces no alcanzan los dólares contra los pesos que potencialmente lo demandarían. Incluso con u$s11.000 millones adicionales que podría sumar el Fondo Monetario Internacional (FMI), las reservas no aguantarían la presión, es decir, no se podría levantar el cepo sin generar un maremagnum.
Va de nuevo. Existen diferencias con el FMI sobre la política monetaria. Desde ya el FMI busca que Argentina desarme el cepo y se unifiquen los tipos de cambio. En este punto, el Gobierno argentino coincide, pero la discusión gira en torno de los tiempos y la manera de llevarlo a cabo. También está el debate sobre si el tipo de cambio actual es de equilibrio, un aspecto que viene siendo cuestionando el organismo multilateral.
El presidente está convencido del programa que se lleva a cabo y no está dispuesto a ponerlo en riesgo. Considera que lo respaldan los resultados. Esta postura se choca con el dogmatismo de los equipos técnicos del Fondo.
La presión del campo, el jugador a seguir en el tema «dólar»
El que también avisó, en las últimas horas, fue un sector de lo que algunos llaman “el campo”, es decir, la importante cadena que termina con los gigantes exportadores. El anuncio del Gobierno sobre la próxima baja del crawling peg, bombos y platillos, generó sobresaltos en el principal sector que provee dólares al país. La ecuación es sencilla, a 1% mensual de devaluación programada, los costos en dólares se elevarán durante el 2025 restringiendo aún más la rentabilidad. Si se mira la historia, sobre todo la década de 1990, uno de los sectores más dañados fue el campo.
Nota al pie, esta decisión se presentó como parte del esquema original del programa económico, que preveía una reducción del ritmo de devaluación una vez que la inflación convergiera con el «crawling peg» durante tres meses consecutivos. Sin embargo, como señalamos en Ámbito oportunamente, la realidad contradice esta justificación, ya que lejos de acercarse al 2% mensual, la inflación mostró una aceleración en el último mes del año.
Además, con el fin de despejar vencimientos de deuda, el Tesoro canjeó Bonos en moneda local por nuevos instrumentos por un total de 14 billones de pesos, equivalentes a 13.378 millones de dólares. La operación tuvo una aceptación del 64%.
Con todo, habrá que pensar si el “atraso cambiario” y algunas ausencias notables de políticas sectoriales no terminaran erosionando la competitividad de todos los sectores productivos. ¿El sector agropecuario exento? Parece que no. Ya se dijo. Cuando los precios internos aumentan más rápido que el tipo de cambio oficial, los bienes y servicios nacionales se encarecen en términos relativos. Esto afecta la capacidad del país para generar divisas.
Aparecen (para quedarse) las tensiones sobre el tipo de cambio
Ergo, el anuncio sobre la baja de retenciones realizado por el Gobierno también es evidencia de que lo más importante, incluso para los mercados financieros, es que el Gobierno consiga los dólares que le faltan. La estabilidad de precios y la macroeconómica pareciera depender de ello.
Ahora bien. En la plaza financiera muchos piensan que se trató de una medida de último minuto, una especie de cortafuego ante la enorme ola de volatilidad que trae el frente externo (súmese pronóstico de sequía y caída en el precio de las commodities a nivel global), lo que a su vez acarrea tensiones sobre el tipo de cambio. El adelanto en las liquidaciones de los agroexportadores podría traer cierto alivio, pero no al campo sino al Gobierno. Señalan que resulta bastante dudoso que esta medida registre mejores precios para los productores, sí en cambio para aquellos que pensaban liquidar.
Dólar blend y el «curioso» paper premiado por el BCRA
Todos miran, claro está, al dólar blend. Por esa ventanilla el Gobierno liquidó el año pasado bastante más de u$s15.000 millones del superávit con la finalidad de mantener las puntas de los dólares ajustadas. ¿Puede hacer lo mismo este año? Puede. Pero está claro que alguno de sus “socios” van a protestar. El campo, por ejemplo. El Palacio de Hacienda lleva, en su cuaderno, las cuentas, son entre u$s 800 millones y u$s1500 millones lo que liquida en los mercados financieros para anegar la volatilidad de la paridad cambiaria.
Se calcula que la baja de retenciones tendrá un costo equivalente a 0,13 por ciento del PBI. La contracara, ya se dijo, es más presión sobre el ajuste fiscal. La guerra con los gobernadores está a la orden del día. El Gobierno quiere una megadevaluación fiscal para el 2025.
Hay pistas. Un paper del investigador Diego Piccardo premiado y publicado por el Banco Central hace algunos días da cuenta de esto. Dice el prólogo del documento: “Las devaluaciones fiscales fueron concebidas como un instrumento de política económica para países en donde la devaluación del tipo de cambio nominal no es una opción.
Sin embargo, para realizar una devaluación fiscal es necesario también tener la capacidad de endeudarse para poder cubrir el déficit fiscal que esa política conlleva. De esta manera, no es lo mismo un país emergente con tipo de cambio fijo, que un país miembro de la Unión Europea”. Por otro lado, menciona: “Las bondades de las devaluaciones fiscales no son tan claras debido a que el gobierno no puede endeudarse para financiar la baja de impuestos y tiene que financiarlo con subas en otros impuestos o bajas en el gasto”.