Asociaciones dedicadas a las infancias alertaron sobre la situación de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA) que, en los próximos días, podría quedar acéfala porque el Congreso no conformó la comisión bicameral para designar nuevas autoridades. El colectivo «Infancia en Deuda» y otras organizaciones presentaron una medida cautelar contra el Congreso de la Nación para que cumpla la ley y, mientras tanto, la Justicia imponga a una persona que asuma las funciones de la defensora. El 28 de febrero termina el mandato de Marisa Graham y, si nadie la reemplaza, caerán más de una decena de demandas colectivas que incluyen, por ejemplo, la posibilidad de más de un millón de chicos de recibir becas escolares o el acceso al agua potable en Salta para más de 320.000.
«La institución hoy está en riesgo porque tuvo una designación en el año 2020 que se vence el último día de febrero, lo que implica que a partir del 1 de marzo la Defensoría estaría acéfala», dijo Félix Samoilovich, abogado eintegrante del programa Derechos sociales de la Niñez de Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), a Página/12. Por ahora, no hay reemplazante porque en todo el año del gobierno de Javier Milei, el Senado no designó a los miembros para conformar la bicameral que debe hacer el concurso público para cubrir el cargo y designar a las nuevas autoridades.
Pasaron más de doce meses y la cámara que conduce Victoria Villarruel no cumplió con su parte. Es lo único que falta para que la bicameral empieza a trabajar ya que Diputados sí definió los nombres: Eugenia Alianiello (UxP), Nadia Márquez (LLA), Natalia Sarapura (UCR), María Sotolano (PRO) y Brenda Vargas Matyi (UxP). Ante esta situación, desde «Infancia en deuda» hicieron una presentación judicial para que la cámara alta nombre a las y los integrantes que faltan. Durante la feria, la presentación judicial tramita ante el juez federal Walter Lara Correa y a partir de febrero, en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1, a cargo de Enrique Alonso Regueira.
Pero, incluso si ahora mismo el Senado designara a los representantes, sería casi imposible cumplir los plazos antes del 28 de febrero, que es cuando se termina el mandato de Graham. Es por eso que el amparo pide que, hasta tanto no se celebre el concurso público, se garantice el normal funcionamiento de la Defensoría, «a fin de evitar daños irreparables a las niñas y los niños». El escrito (presentado además por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género Asociación Civil, la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, Fundación Sur Argentina, Poder Ciudadano y el Centro de Estudios Legales y Sociales), demanda cautelarmente la designación de «una (o más) personas idónea/s (…) hasta que se nombre una nueva autoridad conforme a la ley vigente».
Las consecuencias para niños, niñas y adolescentes
«Estamos frente a una situación que, de no resolverse al 1 de marzo, tiene consecuencias muy graves, eso es lo que motiva nuestro amparo», explicó Samoilovich. «Tienen que ver, principalmente, con los expedientes judiciales y administrativos que tiene vigentes la Defensoría. Por ejemplo, actualmente tiene 13 causas colectivas abiertas y si la defensora cesara en su cargo y no se nombrara una nueva persona, esas 13 causas colectivas caerían de manera automática porque no hay quien represente al colectivo de niñas, niñas y adolescentes, que es la función primordial de esta institución», agregó. Una de esos reclamos es el del acceso a becas escolares en los últimos años de la escuela secundaria para adolescentes, que puede impactar en 1.2 millones de adolescentes en situación de pobreza. Otra de las demandas significativas tiene que ver con el acceso al agua potable en Salta, que puede afectar a 320.000 chicos y chicas.
«Planteamos que la acefalía inducida por la falta de nombramiento del Senado va a tener consecuencias muy perjudiciales para los niños, niñas y adolescentes, porque esta es la única institución que los puede representar como colectivo«, agregó el abogado. En la medida cautelar se hace referencia a un fallo de la Corte Suprema de la Nación sobre Defensoría del Pueblo, que también está acéfala y de la que el máximo tribunal dijo que no tiene posibilidad de participar en procesos judiciales nuevos producto de esa situación. «La Defensoría del Niño va a tener esas mismas consecuencias respecto de las causas que tiene vigentes y las nuevas que pudiera querer o necesitar iniciar», explicó el especialista de ACIJ.
Los tiempos de las y los legisladores tienen distintas velocidades con respecto a las infancias. El 28 de septiembre de 2005, 15 años después de aprobada la Convención de los Derechos del Niño, en Argentina se sancionó la Ley 26.061 de Protección de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que creaba la figura del “Defensor del Niño». Esa ley cambió el paradigma y se adecuó a la Convención que tenía rango constitucional desde 1994 y estableció que los NNyA tienen derecho a la vida, a la intimidad, a la salud, a hacer deporte, a ser escuchados y a jugar, entre otros. Sin embargo, tuvieron que pasar otros 15 años para que se designe por primera vez a las autoridades. Recién el 1 de marzo de 2020 se formalizó la designación de Graham y los dos adjuntos: Juan Facundo Hernández y Marcelo Fabián Repetto.
Antecedentes negativos
Ahora, otra vez el problema de la designación, pero en un contexto de retroceso de derechos impulsado por el gobierno ultraderechista de LLA. Un antecedente inmediato es lo que pasó en la Defensoría del Público, intervenida en agosto del año pasado por el gobierno de Milei, luego del final del mandato de Miriam Lewin. LLA designó como interventora a la diputada nacional del PRO Soher El Sukaria. Y lo hizo de una manera peculiar, los titulares del Senado y de la Cámara de Diputados, Villarruel y Martín Menem, aprovecharon que la comisión bicameral encargada de proponer un candidato no estaba conformada y le pusieron el gancho a la resolución por lo que fue denunciada como ilegítima. «Lo que produjo es un retroceso en la protección de los derechos en ese caso de los usuarios de servicios audiovisuales», explicó Samoilovich. Un antecedente que preocupa.