Era una casona de dos plantas, ubicada en pleno barrio de Monserrat, a unas cuatro cuadras del Departamento Central de Policía. Durante la dictadura, ese lugar estuvo al servicio de la inteligencia de la Fuerza Aérea Argentina (FAA). Un campo de concentración en plena trama urbana donde los gritos de las torturas se fundían con los bocinazos de los autos. Hace tiempo, en Virrey Cevallos al 630 funciona un espacio de memoria, que, por obra y gracia del gobierno de Javier Milei, está en riesgo por el despido de sus trabajadores. Como escudo frente al vaciamiento que busca la administración de La Libertad Avanza (LLA), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) hizo un abrazo al sitio de memoria.
“Éste es un nuevo abrazo a un espacio de memoria, un nuevo encuentro de resistencia y lucha”, dice Octavio “Pilo” Rampoldi. Es uno de los delegados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH), el organismo que está siendo golpeado por los despidos decididos por el secretario Alberto Baños y el ministro Mariano Cúneo Libarona.
Los abrazos a los sitios de memoria comenzaron el 27 de diciembre con la actividad que se hizo para defender las políticas públicas en el Espacio Memoria y Derechos Humanos que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). “En los espacios de memoria, los trabajadores hacemos de todo. A pesar de los despidos y la humillación, los trabajadores seguimos de pie y damos pelea”, dijo Rampoldi.
Virrey Cevallos está en una situación muy particular. No quedaron trabajadores, solamente existe la expectativa de que el gobierno recategorice a dos de ellos y los reincorpore. En el barrio, cuentan, los vecinos se acercan a preguntar qué va a pasar con el lugar.
“Estos lugares no se van a cerrar mientras nosotros, los trabajadores, estemos presentes”, responde Raúl desde el patio interno de Virrey Cevallos. “Mientras tengamos la llave vamos a mantener abiertos estos lugares”, insiste. Los aplausos lo acompañan.
El martes de la semana pasada, el juez federal Ariel Lijo le dijo a Baños que debería mantener los sitios de memoria en funcionamiento, con personal capacitado y garantizando que se continúe con tareas como la investigación, el archivo y los trabajos pedagógicos. También le requirió que haya limpieza diaria y fumigación. Baños no respondió en el expediente. Pero la realidad habló por sí sola: la semana pasada se derrumbó un techo en lo que fue Automotores Orletti, el centro clandestino de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) que se usó como base del Plan Cóndor.
La resolución de Lijo fue a motivada por la presentación que hizo Victoria Montenegro, presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña y una de las nietas que restituyó su identidad gracias a la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo. Ella se acercó también a Virrey Cevallos para apoyar a los trabajadores. “El gobierno viene a destruir la memoria porque quiere reescribir la historia”, dijo. “Mientras más nos ataquen, más fuertes nos van a hacer”, insistió.
En lo que va del año, más de 250 trabajadores fueron despedidos de la Secretaría de Derechos Humanos. Desde ATE Capital están reclamando que el gobierno se siente a una mesa de diálogo, que había sido convocada por el juez laboral Juan Carlos Cerutti a finales de diciembre. “El gobierno todavía no encuentra un marco para generar esa mesa”, protestó Daniel “Tano” Catalano, secretario general de ATE Capìtal.
Catalano venía de denunciar penalmente a Javier Milei por su posteo en defensa de Elon Musk en el que se refería a los “zurdos de mierda” y advertía: “Los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta”.
–Le queremos decir a Milei que si nos quiere encontrar, nos va encontrar en las calles, en los sitios de memoria– respondió el dirigente gremial.