La baja en las retenciones a la exportación agrícola es el gesto político más sorpresivo que ha dado el gobierno de Javier Milei en lo que va del año: a esta altura, ya todos los productores estaban resignados a que las retenciones serían intocables por lo menos hasta las elecciones, dado que constituyen un pilar de la recaudación de impuestos.
Por otra parte, se genera el interrogante de si la baja temporaria de siete puntos porcentuales en las retenciones será un aliciente suficiente como para que los productores sojeros se desprendan de los 18 millones de toneladas que permanecen guardados en silobolsas y los liquiden en el mercado.
Lo cierto es que la medida fue inesperada. Porque el año pasado, cuando Toto Caputo presentó su proyecto de presupuesto, avisó que, para un año en el que se preveía una inflación de 18%, se esperaba duplicar la cantidad de pesos cobrados por las retenciones. Aunque el propio ministro aclaró que en ese cálculo había un efecto contable -por un pago adelantado que se había generado el año anterior-, ya desde ese momento se había instalado la idea de que el programa económico de Milei era dependiente de las retenciones.
Y no les faltaban motivos para pensar así: ya con la eliminación del impuesto PAIS se perderá una fuente de recaudación que en 2024 significó casi un 6% de la «torta» tributaria, y no parecía haber margen para que, además, se pierda otro 5% de las retenciones, sobre todo si se pretende sostener el superávit fiscal como pilar de la gestión.
Pero claro, el hecho de que se comprendieran las necesidades fiscales del gobierno no eliminaba el enojo por parte de los productores, sobre todo cuando se sumaron una serie de factores que llevaron a una brusca caída en las rentabilidades. De hecho, desde que se conocieron los casos de grandes empresas que caerán en default, los expertos empezaron a advertir que 2025 podía ser para el campo un año de quebrantos y de incumplimientos financieros encadenados.
Al inicio, desde el oficialismo, hubo un intento de deslindar responsabilidades del gobierno sobre esa situación, y se describió el panorama como el resultado de una mala gestión por parte de empresas que se habían acostumbrado a endeudarse por encima de sus posibilidades, apostando a que la inflación y la devaluación terminarían por licuar el costo de las tasas de interés. El mensaje era claro: no había que esperar un salvataje por parte del Estado.
Productores enojados por el dólar barato
Sin embargo, las protestas de los productores dejaron en claro que el problema era mucho más grave y que no solamente alcanzaba a quienes se habían endeudado, sino que prácticamente todos los sectores estaban sufriendo el mix letal de ingresos en baja -por caída de los precios internacionales- con un incremento de los costos.
Hay estudios de rentabilidad comparada, como el realizado por Marianela de Emilio, que revelan la gravedad de la situación: en las condiciones actuales, los agricultores argentinos tienen un margen bruto 30% menor que el de sus colegas estadounidenses en el cultivo de soja, y 37% menor para el maíz y el trigo. Cuando, a esas cifras, se aplica el costo del alquiler de la tierra, la rentabilidad del maíz y el trigo desaparece mientras que la soja de los productores argentinos deja un 70% menos que lo que reciben los farmers de Estados Unidos.
Para colmo, ni siquiera el factor climático jugó a favor. A pesar de algunas lluvias de verano, todavía el déficit hídrico es grave en varias zonas, y se están revisando a la baja las proyecciones originales. De hecho, un reporte del banco de inversión Morgan Stanley bajó a 49 millones de toneladas su previsión de cosecha sojera, desde una proyección previa de 52,5 millones.
Por cierto que el número sigue siendo positivo -de hecho, estaría un 3% por encima del promedio de producción registrado en los últimos cinco años. Pero ocurre en un momento de volatilidad de los precios. Tanto es así, que hay analistas que creen que, en el más optimista de los escenarios, el aporte del campo a las exportaciones en 2025 será igual al del año pasado.
Caputo baja retenciones y desarma una crisis política
Nada de esto era novedad para Caputo, que viene escuchando los reclamos del campo prácticamente desde que asumió en el cargo. Lo novedoso es que en los últimos días empezó a gestarse un movimiento de protesta entre los productores, que en algunos casos excedió a la autoridad de las entidades representativas del sector. El propio Caputo admitió que uno de los motivos por los cuales no fue al Foro de Davos y adelantó su regreso a Buenos Aires fue para analizar medidas que destrabaran un eventual conflicto con el campo.
Era un tema que se estaba transformando en una mancha en la comunicación política del gobierno. Justo en un año electoral, y cuando Milei muestra su plan económico como la antípoda del modelo kirchnerista, un «tractorazo» de protesta dañaría la credibilidad del discurso libertario.
Muestra de ello fue el enojo de Caputo por la proclama de los gobernadores de la región centro -Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, Martín Llaryora, de Córdoba y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos-, que días atrás habían hecho una enérgica advertencia por las retenciones: «Si se funde el campo, la vamos a pasar muy mal».
Caputo dejó en evidencia que la crítica de los gobernadores de la principal zona agrícola -donde dos de los gobernadores son, en teoría, aliados del oficialismo-, fue tomada en serio.
«No necesitamos a nadie que nos venga a recordar que vinimos a bajar impuestos. Sepan que todos los días analizamos la situación financiera del país, para ver si podemos seguir bajando impuestos. No necesitamos a nadie que nos lo venga a recordar, porque a eso hemos venido», fue la reacción del ministro, que además subió la apuesta, al recordarles a los gobernadores que ninguna provincia ha reducido el impuesto a los Ingresos Brutos, al que califica como altamente distorsivo.
De manera que, con el gesto para el campo, Caputo se propone no sólo descomprimir la tensión con los productores sino, además, ponerles presión a las provincias para que muestren un esfuerzo propio de ajuste fiscal. Es, de hecho, uno de los propósitos que el gobierno se fijó como prioridad, después de que Milei explicara su intención de aplicar el sistema tributario federal de Estados Unidos, donde se produce una competencia por ofrecerles a los inversores ventajas impositivas.
Caputo resigna pesos y gana dólares
El anuncio de Caputo implica, simultáneamente, una renuncia y una ganancia. El gobierno se resigna a perder un ingreso desde el punto de vista fiscal. Por más que se haya celebrado el superávit primario de 1,8% del PBI en 2024, el hecho de no contar con las retenciones es una apuesta riesgosa, porque hace que el equilibrio de las cuentas dependa aun más de impuestos ligados al crecimiento del consumo, con el IVA.
Pero el lado positivo, naturalmente, es que ahora hay un mayor incentivo para que los productores que guardan su mercadería en los silobolsas se decidan a liquidar las divisas y, de esa manera, ayudar al Banco Central a aliviar su posición.
Por más que el BCRA sigue comprando dólares -lleva más de u$s1.400 millones adquiridos en lo que va de enero- también llamó la atención del mercado financiero el hecho de que está aumentando su intervención para mantener a raya al tipo de cambio paralelo. Los números son elocuentes: en dos semanas de enero, el BCRA ya vendió bonos por u$s619 millones para evitar que la brecha cambiaria se alejara del 15%.
Y es un tema que al campo lo afecta de manera directa: cuanto mayor es esa brecha, menor es el incentivo a exportar, porque el precio que obtiene el productor se aleja del precio del mercado internacional. Para ponerlo en números, durante el gobierno de Alberto Fernández, ese efecto cambiario hacía que un productor sojero apenas retuviera un 30% del precio de Chicago; ese porcentaje podía mejorar hasta 50% cuando el entonces ministro Sergio Massa introdujo los programas de incentivo exportador. Y en el segundo semestre de Milei, la reducción de la brecha hizo que el porcentaje de captura de precio superase el 60%.
Aun así, muchos productores se muestran reacios a vender su mercadería. Con lo cual, para el gobierno es evidente el riesgo de que se produzca una suba en la brecha cambiaria: habrá todavía más motivos para especular con una devaluación.
¿Por qué Caputo anunció que la mejora para soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo solamene hasta fin de junio? Entre los productores no hay dudas: es una estrategia para apurarlos a que vendan su stock, sabiendo que el beneficio tendrá un plazo acotado.
Pero también puede interpretarse como una limitación del gobierno en cuanto a su capacidad para asegurar la continuidad del superávit fiscal durante el segundo semestre. Justo para ese momento, además, se espera que se produzca el mayor efecto de caída de los precios agrícolas por un incremento de la oferta global, según están previendo los analistas.
¿Venderán los productores?
¿Cómo reaccionarán los productores? Las primeras señales apuntan a que, si bien esta rebaja no soluciona los problemas financieros, implica un oxígeno para recomponer los márgenes de rentabilidad.
En otras palabras, que el gobierno puede esperar un ritmo relativamente alto de ventas y, de esa manera, reforzar su plan de calma cambiaria durante la primera mitad del año.
Lo que ocurra a partir de julio ya entra en el terreno de la especulación política. Hay productores que creen que Milei no cometería el error político de volver a subir las retenciones justo en la fase final de la campaña electoral, y que sacará lecciones del costo electoral que sufrió Mauricio Macri en 2019 -cuando, por una emergencia fiscal, dio marcha atrás con la rebaja de retenciones que había implementado al inicio de su gestión-.
Sin embargo, hay otros factores en juego. Milei ha dejado en claro que el centro de su estrategia -y la base de la credibilidad del mercado- es su compromiso con el equilibrio fiscal. De manera que si el resto de los impuestos no tienen la performance esperada, no puede descartarse que las retenciones vuelvan a sus niveles anteriores, en nombre de la necesidad.