El constitucionalista Andrés Gil Domínguez advirtió el viernes en su cuenta de X que la Corte Suprema le tomó juramento a Manuel García-Mansilla sin exigirle que suspenda su matrícula como abogado, que, para entonces, seguía activa. En esa línea, el abogado presentó un pedido de informes ante el máximo tribunal para que los supremos contesten si cumplimentaron todos los pasos antes de incorporar de apuro al juez que designó el presidente Javier Milei sin contar con el aval del Senado.
Gil Domínguez requirió que la Corte Suprema le informe qué información consta en el expediente que debió haberse iniciado para que García-Mansilla se sume al máximo tribunal después de que Milei firmó el decreto 137/2025.
Como escribió en su cuenta de X, no estaría acreditado que García-Mansilla haya dado de baja su matrícula como abogado. Debería, además, haber presentado la nómina de clientes que patrocinó como letrado –tema especialmente sensible para aquellos que vienen de la defensa de intereses corporativos, como fue el caso de Carlos Rosenkrantz.
Antes de asumir en la Corte, García Mansilla fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, históricamente ligada al Opus Dei. Ejerció, además, como director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH).
Años antes, había estado en el estudio Liendo y Asociados –donde informó que se dedicó al litigio estratégico ante el sistema interamericano de derechos humanos. Pasó por Marval, O’Farrell y Mairal, donde participó en demandas que se sustanciaron ante la Corte Suprema, entre otros bufetes.
La presentación de Gil Domínguez pone de nuevo en el tapete la rapidez con la que Horacio Rosatti, Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti decidieron que García-Mansilla se sumara al tribunal. La ceremonia de jura fue el 27 de febrero. No fue informada a la prensa. No participaron familiares ni amigos de García-Mansilla. Solo acudieron un puñado de secretarios letrados y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, que era el principal interesado en que la jura se concretara con rapidez.
Distintas versiones indicaban que había premura en el cuarto piso del Palacio de Justicia porque temían que el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla pudiese dictar una medida cautelar que frenara el ingreso de García-Mansilla a la Corte Suprema, ya que tenía en su juzgado dos presentaciones que planteaban la inconstitucionalidad del decreto 137.
La Corte no tuvo la misma rapidez al evaluar el ingreso de Ariel Lijo, el otro cortesano designado por Milei. En su caso, dijeron que debía renunciar a su juzgado en Comodoro Py si quería sumarse al máximo tribunal. La novedad fue que García-Mansilla votó junto a Rosenkrantz y Rosatti para bloquear la incorporación de su consorte de decreto. La movida causó estupor en la Casa Rosada.
El pedido de acceso a la información debe ser tramitado por la Dirección de Relaciones Institucionales, que está a cargo de Fernando Sagarna –un hombre que llegó al tribunal de la mano de Lorenzetti. En diciembre del año pasado, Rosenkrantz, Rosatti y Juan Carlos Maqueda acordaron que esa dirección pasara a depender de la Secretaría de Desarrollo Institucional, lo que dio pie a una nueva trifulca interna dentro de la Corte.
La Secretaría de Desarrollo Institucional está actualmente a cargo de Juan Pablo Lahitou, que llegó a la Corte de la mano de Rosenkrantz. Hasta que lo convocó el supremo, Lahitou había sido el número dos de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) de Mauricio Macri. La PTN concentra a todos los abogados que litigan en nombre del Estado nacional. Lahitou era la mano derecha de Bernardo Saravia Frías, funcionario de Macri que fue investigado como uno de los integrantes de la llamada “mesa judicial”.
Lahitou se formó en la Universidad de Dundee, Escocia. Hizo una maestría en la Universidad Austral, donde García-Mansilla desarrolló su tarea académica. Y, como él, tiene experticia en el sector energético. Como relata Irina Hauser en su libro Rebelión en la Corte, Lahitou fue cofundador del blog Todo sobre la Corte, que editaba Valentín Thury Cornejo, a quien sucedió en la Secretaría de Desarrollo Institucional.
La secretaría está, según la acordada 42/2024, bajo supervisión de la vicepresidencia de la Corte, que ocupa Rosenkrantz. García-Mansilla y Rosenkrantz tienen buena relación. En 2023, el supremo designado por Macri fue jurado de su tesis de doctorado.
“La ley dice que la Corte tiene quince días hábiles para responder. Por razones fundadas, tiene otros quince días más. La respuesta al pedido de acceso que formulé es muy sencilla. Debería ser automática”, insiste Gil Domínguez en diálogo con Página/12.