El «éxito» mediático de la marcha de protesta por los jubilados estaba más que garantizado. Para la oposición, era una forma de recobrar presencia en la calle y una bandera socialmente sensible. Para el Gobierno, la oportunidad de confirmar su disposición a mantener la «mano dura» y garantizar la libre circulación en la ciudad. Y para los medios, un clásico espectáculo político argentino, donde a los componentes de discusiones, corridas, gases y carros hidrantes, se agregaba la exótica participación de las barras bravas futboleras.
La propia Patricia Bullrich se había encargado de calentar el ambiente previo, asegurando que se aplicaría un inédito «derecho de admisión» para que las marchas de jubilados no fueran copadas por militantes políticos y además dijo había preparado medidas judiciales específicas para las barras de fútbol que protagonizaran incidentes.
Desde el punto de vista del Gobierno, no hay dudas sobre cómo interpretar la situación: el kirchnerismo, que había perdido su principal núcleo de presencia callejera -los beneficiarios del eliminado plan Potenciar Trabajo-, encontraron un nuevo grupo social con el cual aliarse: las hinchadas de fútbol.
Fue un fenómeno llamativo, en un momento en el que hasta los sindicatos más combativos están mostrando predisposición a la negociación, y cuando la mayoría de los acuerdos paritarios logran firmar cifras por encima de la inflación.
Pero con las jubilaciones se da una paradoja: a pesar de que está aumentando aceleradamente el gasto público dedicado a las retribuciones del sistema previsional, el tema se politiza nuevamente. Es una aparente contradicción, que se explica por el hecho de que el Gobierno decidió revertir el «achatamiento de la pirámide» jubilatoria.
Graves incidentes, con detenidos y heridos graves en la marcha por las jubilaciones
De esta forma, las jubilaciones suben por encima del IPC, pero no ocurre lo mismo con el bono complementario que cobran los beneficiarios de la mínima -y que Luis Toto Caputo mantiene congelado-. De esta manera, según cómo y para qué caso se realice el cálculo, puede concluirse que las jubilaciones le están ganando a la inflación o que siguen rezagadas.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el poder de compra de los haberes superiores al mínimo registró en el primer bimestre de 2025 un incremento del 45,1% interanual, y el de los haberes mínimos (incluyendo bonos), de 20,2%. Comparados contra diciembre 2024, los haberes superiores registraron una mejora de 0,8% interanual, mientras que los haberes mínimos cayeron 0,4%, precisamente por el efecto de congelamiento del bono complementario.
El impacto del cambio de fórmula en las jubilaciones
Las jubilaciones fueron la variable de ajuste preferida en gobiernos de todos los signos: perdieron poder adquisitivo en el final de la gestión de Cristina Kirchner, luego también en la de Mauricio Macri y, sobre todo, en la de Alberto Fernández.
Esto ocurrió por la fórmula que se aplicaba para actualizar los haberes, que era de tipo «pro-cíclica». Es decir, cuando crecía la economía, subían las jubilaciones -que estaban atadas al nivel de recaudación de la Anses-, pero cuando había recesión, caían en mayor medida. Además, la inflación erosionaba todavía más el poder de compra, dado que los ajustes se realizaban en frecuencia trimestral.
Esto implicaba jubilaciones prácticamente congeladas en medio de un pico inflacionario, donde el único alivio vino por el lado de la suba de los «bonos extraordinarios» que el gobierno anterior había impuesto para los beneficiarios de la jubilación mínima, en un reconocimiento tácito de que la fórmula condenaba a la caída de los haberes.
En una primera demostración de astucia política, Caputo declaraba que no era culpa suya que se produjera esa licuación jubilatoria, sino de la nueva ley votada en 2020 -y que incluso había sido criticada por el ala kirchnerista del gobierno de Fernández-.
La explicación de por qué los jubilados son los primeros candidatos a ser la variable de ajuste ante una crisis económica es clara: el sistema previsional representa, por lejos, el rubro más grande en el presupuesto nacional -significa aproximadamente el 35% del gasto público–.
La policía tiró gases y balas de goma contra los manifestantes en el Congreso
En el arranque de la gestión Milei, el gasto jubilatorio fue fácil de reducir, en el contexto de una inflación desbocada. Fue por eso que, hace un año, la oposición criticaba el superávit fiscal del gobierno, con la acusación de que no había sido obtenido con una reforma estructural sino por el efecto «licuación» de las jubilaciones.
Lo cierto es que el ajuste del gasto jubilatorio llegó a niveles históricos: en febrero de 2024, el gasto real -es decir, descontada la inflación- tuvo una impactante caída de 38% respecto del registrado el año anterior, que ya de por sí venía perdiendo frente a la inflación. El fenómeno llegó a inquietar al propio Fondo Monetario Internacional, que pidió que el ajuste fiscal fuera socialmente sustentable.
Esto motivó el cambio de fórmula indexatoria, donde las jubilaciones se ajustaban según la inflación pasada, y ya no dependían del nivel de recaudación tributaria.
El gobierno sabía que, al atar las jubilaciones a la inflación, a partir de determinado momento -se especulaba que el punto de quiebre sería junio- las jubilaciones empezarían a subir más rápido que la inflación. Por eso, ya sobre fin de año cambió el discurso y pasó a argumentar que las jubilaciones estaban recuperándose, al crecer más que la inflación.
Toto Caputo afirmó que los jubilados ganaron en 2024, porque mientras sus haberes subieron un 146%, la inflación del año fue de 117,8%, lo que supone una ganancia real de 12,7%. En realidad, fue un número bastante debatido, porque solamente tenía en cuenta la jubilación «pura», sin el bono complementario. Eso significa que la afirmación del ministro solamente era cierta para el tercio superior de la pirámide.
Aumenta el gasto jubilatorio
Lo cierto es que el gasto público en el sistema previsional viene creciendo. El último dato informado por la Oficina de Presupuesto del Congreso marca que, para febrero, hubo un incremento real de 38%. La Anses erogó en el primer bimestre del año $6,9 billones por este concepto -sobre un gasto público total de $17,1 billones-.
«Contrariamente, al comportamiento que mostró durante 2024, el gasto crece en términos reales con motivo de la actualización de haberes por encima de la inflación, explicado por el esquema de movilidad y la desaceleración de la inflación», afirma la OPC.
Y se estima que esta será la tónica de todo el año, lo cual obligará a Caputo a buscar otros rubros en los cuales aplicar la «motosierra» -los subsidios energéticos y los salarios de empleados estatales aparecen como grandes candidatos al recorte-.
Hablando en plata, en lo que va del 2025, las jubilaciones -sin tener en cuenta el bono- recibieron en enero un incremento de 2,43%, en febrero una suba de 2,7% y se aplicará en marzo otro incremento de 2,21%. Esto supone una mejora acumulada de 7,5%, mientras que el IPC, si se cumplen las proyecciones de los economistas, acumulará un 6,8% en el primer trimestre.
Pero los números varían cuando se considera la jubilación mínima total -incluyendo el bono-. Mientras en diciembre ese ingreso era de $329.599, en marzo será de $349.121. Es decir, la licuación inflacionaria del bono hace que la suba total sea de 5,9%.
Revirtiendo el efecto moratoria
Las señales políticas del gobierno hacen suponer que esa tónica continuará, porque la intención es que se revierta la situación de los últimos años, en los que los beneficiarios de las escalas superiores habían «subsidiado» a los jubilados de la franja inferior. La mayor parte de ese grupo se sumaron al sistema gracias a los regímenes de moratorias para quienes no tenían años de aporte suficiente.
Tampoco es casualidad, entonces, que este protagonismo político del tema jubilatorio aparezca a escasos días de que venza la última moratoria previsional -Javier Milei ya avisó que no será prorrogada.
Cuando se votó la última moratoria, en plena campaña electoral del 2023, se habilitó el ingreso de unas 800.000 personas que no habían cumplido los 30 años de aporte. Se estima que de los 7,5 millones de jubilados y pensionados, un impactante 67% fueron habilitados sin haber cumplido los requisitos legales.
Fue una situación fustigada por los expertos, que temen un colapso del sistema. Un estudio de Jorge Colina, de fundación Idesa, indica que entre 2005 y 2015 se sumaron tres millones de jubilados sin aportes. Y que la intención original de la moratoria se distorsionó, porque «los gestores previsionales rápidamente vieron el negocio de ofrecer «jubílese gratis» con otro ardid que consistía en que sus honorarios se pagaban con las primeras tres jubilaciones. Para las personas era gratis, porque a partir del cuarto mes empezaban a cobrar una jubilación sin haber puesto un peso».