Con Victoria Villarruel al frente de la batalla cultural en clave negacionista, el año que termina estuvo signado por el envalentonamiento de quienes buscan imponer una lectura relativista y justificadora de los crímenes de la última dictadura. Bamboleada por esos vientos avanzó la agenda de juicios de lesa humanidad, que revisa y reparte responsabilidades en secuestros, torturas, desapariciones, homicidios, abusos sexuales, apropiación de bebés y delitos económicos desde hace 21 años sin pausa, aunque con escasa prisa. Durante 2024, el Poder Judicial mantuvo el promedio de procesos orales y públicos del último lustro, pero eligió debates pequeños y cortos. Mientras tanto, algunos juicios emblemáticos adeudados en diferentes jurisdicciones del país continúan demorados.
Mientras la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y los grupos de abogados y militantes negacionistas trabajaron todo el año por intentar colar en la agenda política diferentes herramientas que lograran la impunidad de represores condenados e investigados, los tribunales federales a lo largo y ancho del país inauguraron 17 juicios de lesa humanidad durante el primer año del gobierno negacionista. A excepción de julio y diciembre, se sumaron nuevos debates orales y públicos en todos los meses del calendario judicial activo –que se toma vacaciones durante enero y parte de julio– en las jurisdicciones de Santa Fe, Salta, Jujuy, Chaco, Buenos Aires y Córdoba.
Juicios cortos y lentos
Con excepción del tercer tramo de la megacausa que investiga los crímenes que tuvieron lugar en la Subzona 15 –que gerenció la represión ilegal en Mar del Plata– y que sentó desde fines de octubre pasado a 20 represores–, casi todos los debates que comenzaron en 2024 fueron pequeños, de pocos acusados y casos. Casi todos contaron con cronogramas semanales de audiencias, con lo cual el avance en los procesos no experimentó acelere. Muy por el contrario, organismos de derechos humanos y abogades que intervienen en las causas de lesa humanidad reclamaron celeridad ante autoridades judiciales, hasta ahora sin resultados concretos.
En total, los 17 juicios inaugurados juzgaron a 71 represores, acusados de cometer violaciones a los derechos humanos contra centenares de personas. La inmensa mayoría de los imputados ya fue juzgado y condenado en otras oportunidades, en tanto que, a casi 49 años del golpe de Estado de 1976, hay varios procesos que llevaron a juicio oral por primera vez los horrores sufridos por personas que han sobrevivido o que permanecen desaparecidas.
Algunos aportaron novedades al proceso, como el juicio “Save” en el que el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata juzgó y condenó a les hijes de Leonardo Miguel Save, un represor que integró la patota de Aníbal Gordon desde los tiempos de la Triple A, por ser quiénes culminaron las operaciones para lavar el dinero que su padre obtuvo en el marco de un secuestro de un militante uruguayo.
Otra novedad fue el comienzo del juicio oral por la Masacre de Pabellón Séptimo, la causa que busca Justicia para los más de 60 presos asesinados y los más de 80 heridos durante el incendio que devoró el Pabellón Séptimo de la cárcel de Devoto, en plena dictadura, y que las autoridades del Servicio Penitenciario decidieron no apagar, en una de las más tremendas masacres carcelarias.
En tanto, en Córdoba aún se espera la resolución sobre el reenvío de la causa que busca determinar responsabilidades y sectores beneficiados por la intervención judicial de la empresa Mackentor, definida en plena dictadura. Hubo juicio en junio pasado, y se esperaba un veredicto que el Tribunal Oral Federal número 1 de la provincia emitiría por la vía escrita, pero el proceso quedó en veremos.
Delitos económicos, complicidad judicial y más
Por otro lado, durante 2024 han culminado 17 juicios de lesa humanidad, cuyos veredictos resultaron condenatorios para 55 represores y absolutorios para 14. Entre los represores condenados se encuentran tres integrantes de la línea de mando y la patota que operó el centro clandestino de la ESMA –-Adolfo Donda, Jorge Luis Guarrochena y Horacio «Pantera» Ferrari--. En tanto, «Jimmy» Smart, exmagistrado y ministro de la dictadura, sumó dos condenas más a su prontuario, del que intenta desligarse en una cruzada permanente por ubicarse en el lugar de «perseguido político».
El año que está terminando fue, quizá, el que marcó el fin de los megajuicios: las sentencias contra los responsables de horrores sucedidos en los centros clandestinos del Circuito Camps, Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno tras cuatro años de debate; y contra sus pares en en el centro clandestino que funcionó en la Jefatura de Policía de Tucumán y sus infiernos satélites, serán, tal vez, las últimas que cierren procesos con gran cantidad de acusados.
Aún faltan dos semanas para que culmine el calendario de audiencias y el proceso quede cesante durante enero, pero todavía la agenda judicial para 2025 no cuenta con fechas de nuevos debates. De los 12 juicios que permanecen abiertos, tres transitan la etapa de alegatos y encontrarán su definición durante los próximos meses.
La más reciente sentencia que se cuenta entre los veredictos logrados durante 2024 fueron contra exfuncionarios judiciales de Neuquén por no cumplir con las tareas que le correspondían: Pedro Duarte y Víctor Ortiz, exjuez y exfiscal federales respectivamente, fueron condenados –aunque por la mitad de la pena requerida por las partes acusatorias– por no haber impulsado investigaciones pertinentes a partir de la presentación de hábeas corpus de familiares de personas secuestradas durante los primeros años de la dictadura. A principios de año, y por hechos similares, fue condenado Roberto Mazzoni, exsecretario judicial, en Resistencia, Chaco. Desde octubre pasado, en Córdoba, está volviendo a ser juzgado el exmagistrado Carlos Otero Álvarez, por su participación necesaria en violaciones a los derechos humanos –entre secuestros, torturas y homicidios– de 75 personas, hechos por los que hace algunos años había sido absuelto.
En espera
A esta altura de diciembre, no hay agenda para 2025. No obstante, hay muchas y muy importantes causas que aguardan fecha de juicio oral desde hace tiempo. En principio, son tres los expedientes que desde hace tiempo aguardan por sentar a empresarios por su complicidad con crímenes de lesa humanidad. En Jujuy, por ejemplo, hace más de tres años los que el juicio por los crímenes contra trabajadores del Ingenio Ledesma espera un juicio oral: falleció el dueño de la empresa, Carlos Blaquier, impune. Y Alberto Lemos, administrador, aguarda que la Corte Suprema resuelva un recurso que su defensa presentó con el objetivo, claro está, de demorar el proceso.
En Tucumán, el mismo tiempo lleva en espera la causa que sentará en el banquillo a tres empresarios al frente del Ingenio La Fronterita por crímenes de lesa humanidad contra 68 trabajadores, que fue elevada a fines de 2021. El expediente tenía fecha de inicio para febrero del año próximo, pero no hay nada asegurado. En San Martín, hace un año que el tramo de la causa que tiene a Juan Ronaldo Tasselkraut, gerente de Mercedes Benz, acusado por el secuestro y las torturas que sufrieron Héctor Ratto y Diego Nuñez, trabajadores de la automotriz, durante la última dictadura.
El sábado falleció Marcos Jacobo Levin, ex dueño de la empresa de transportes La Veloz del Norte, que estaba en prisión domiliaria cumpliendo una condena a 18 años de prisión.
El juicio contra el represor de la ESMA Jorge Radice y su hermana por haber montado una estructura para liquidar bienes de víctimas de la patota de la Armada y apropiarse del dinero generado aguarda fecha de inicio en los tribunales federales de la ciudad de Buenos Aires. En Rosario, familiares y sobrevivientes aguardan fecha de inicio del debate oral y público por el segundo tramo de la causa “Laguna Paiva”, en la que se tratarán decenas de secuestros de quienes en el tiempo de los hechos eran niños y niñas. En Mar del Plata, se espera que se fije fecha de inicio del juicio contra el exjuez Carlos Facio, un exmédico policial y siete efectivos retirados de la fuerza provincial por encubrir los vuelos de la muerte con los que represores de la última dictadura asesinó a sus víctimas arrojándolas en las aguas del Río de la Plata y del Mar Argentino. La causa fue elevada a instancia de debate oral y público en abril pasado.