La campaña de afiches contra Cristina Fernández de Kirchner, que durante la pandemia empapelaron la Ciudad de Buenos Aires con su rostro y la palabra «ASESINA», quedará impune. La Cámara del Crimen confirmó la decisión de cerrarla tomada por el juez Manuel De Campos en septiembre de este año. «Podes decirle Asesina a la vicepresidenta @CFKArgentina publicar carteles en la vía pública y salir impune?
Sí.
Según la Sala 7 de la Cámara del Crimen.
Cristina imputada es maravillosa.
Pero cuando es víctima el partido judicial no trabaja.
Se nota mucho», cuestinó Gregorio Dalbón, abogado querellante en representación de la expresidenta.
El 28 de marzo de 2022, distintas avenidas y puntos concurridos de la Ciudad como Paseo Colón, Plaza de Mayo, Plaza Congreso, Plaza Vicente López, Avenida Libertador, Avenida Callao, Avenida Santa Fe, 9 de julio y Paseo del Bajo aparecieron plagados de carteles contra la entonces vicepresidenta: “Culpable de 35.000 muertes. Asesina. Elegiste negocios con Putin en lugar de salvar vidas», decían en referencia a la compra de la vacuna rusa Sputnik y el manejo de la pandemia de COVID-19. Desde entonces, se iniciaron distintas causas que se demoraron por una disputa sobre la competencia hasta que la Corte Suprema terminó resolviendo en favor de enviarla al fuero criminal y correccional.
La investigación había logrado algunos avances en cuanto a los autores materiales: se identificó a los dos hombres a quiénes les encargaron la pegatina. Darío y Christian Méndez (padre e hijo). También al chofer de Uber, Emanuel Montiel, que llevó el sobre con la plata para el pago a la imprenta “Vía Graphic” que realizó unas 500 impresiones. Montiel identificó a una mujer como supuesta pagadora de los $470 mil pesos correspondientes: Nilda Lilian Melhem, una vecina de Recoleta cuyo padre había fallecido por COVID. Cuando declaró, dio su nombre y su número de teléfono. La mujer de 61 años presentó un escrito a través de su abogado defensor, Matías Cúneo Libarona, hermano del actual ministro de Justicia de la Nación.
Para el juez no fue argumento suficiente que Melhem hubiera publicado en sus redes sociales contenido relacionado con la muerte de su papá ya que no le encontraron ninguna vinculación política ni aparentaba cumplir las condiciones para realizar el despliegue que implicó aquella campaña.
Según se investigó en una de las causas, impulsada por el empresario Enrique «Pepe» Albistur, la impresión de los carteles habría estado a cargo de Francisco Serrano, un supuesto «empleado infiel» de la imprenta. Cuando declaró, dijo no conocer personalmente a Melhem, pero sí que fue ella quien le encargó el trabajo por mail y por whatsapp.
En septiembre de este año, De Campos cerró la causa argumentando que ya se habían descartado todas las figuras penales y que dado que la propia damnificada no había encuadrado el caso como calumnias e injurias, no podía continuar con la investigación. La querella de la vicepresidenta apeló la decisión y pidió declarar. El caso se eleveó a la Cámara del Crimen y sus integrantes Juan Estaban Cicciaro y Rodolfo Pociello Argerich decidieron confirmar la resolución del juez de primera instancia.
Los camaristas Juan Esteban Cicciaro y Rodolfo Pociello Argerich decidieron confirmar la resolución de De Campos. “El argumento según el cual existen personas imputadas y la decisión arbitrada evocaría el fenecido sobreseimiento provisional cede frente a la circunstancia de que el procedimiento por delito de acción privada contiene reglas diferentes (artículo 415 y subsiguientes del Código Procesal Penal de la Nación) en relación con las previstas para los casos de acción pública o dependiente de instancia privada”, sostuvieron. En definitiva, un argumento procesal que expone la poca vocación del Poder Judicial de investigar cuando la titular del Partido Justicialista no está en el banquillo de los acusados.