El 13 de agosto de este año, al anochecer, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a Lucas N. Según el acta basada en el relato de tres agentes, estaba en una esquina de la Villa 31 junto con otros dos hombres que, al ver a los efectivos empezaron a correr y, frente al grito de «¡Alto policía!» se quisieron escabullir. Según ese relato, a Lucas lo agarraron a los pocos metros y llevaba «ocho envoltorios de nylon transparente tipo ziploc conteniendo marihuana –conforme test reactivo efectuado en el lugar- con un peso total de 24,58 gramos». En la primera audiencia judicial por este asunto se exhibió un video de los hechos: el joven no había sido detenido en la calle sino que había entrado a una peluquería, no tenía ningún un envoltorio en sus manos, lo arrestaron personas de civil, una de las cuales era el exsecretario de Seguridad porteño y designado número 2 de la SIDE, Diego Kravetz. «Vení acá», lo agarraron del brazo para que se dirigiera a la puerta. En la filmación se lo ve a Kravetz que «le da un golpe con la mano abierta en la nuca y lo empuja hacia la puerta del local». Así lo describió el camarista Sergio Delgado en un fallo, en el que agregó que el funcionario no tenía facultades para detener y le cuestionó «la violencia ejercida».
En el mismo operativo, cuando fueron a buscar a otro de los supuestos sospechosos adentro de una casa, mientras la policía intentaba entrar sin orden judicial, en una de las imágenes se ve a Kravetz amenazando con una tonfa en la mano. Así lo revela una filmación a la que accedió Página/12. Detrás del exsecretario se advierte incluso a un efectivo de civil disparando sin parar mientras los vecinos le piden que pare.
Paradigma
El episodio que salió a la luz la semana pasada, en el que Kravetz golpea a un joven detenido por la policía al que le adjudicaban haber intentado robar el celular de su hijo -aunque no le encontraron nada- parece ser, más allá de su interés personal en la situación puntual, parte de un modo de accionar que se habría desplegado desde el área del ahora subsecretario de Inteligencia, que se pasó a las filas libertarias cuando era secretario de Seguridad porteño. Pero se trataría de un esquema más complejo donde incluso el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires se las han ingeniado para que la trama pase inadvertida.
La golpiza al joven ocurrió el 17 de octubre y derivó en la apertura de una causa contra Kravetz que tramita en la fiscalía penal, contravencional de faltas N° 39, a cargo de Hernán Biglino, especializada en delitos de funcionarios públicos. El expediente estuvo paralizado hasta que el video empezó a circular la semana pasada. La víctima fue convocada a declarar repentinamente esta semana, según informaron fuentes con acceso al expediente, pero no pudo asistir porque estaría con un tratamiento de diálisis. La defensora de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, había reclamado su reactivación. Sumaron una denuncia los dirigentes Juan Grabois, Itai Hagman, Ofelia Fernández y dirigentes estudiantiles de la UBA, que piden también que se investigue a los policías y al ministro de Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolff. Kravetz no quiso hacer declaraciones.
El caso de la Villa 31
La defensa de Lucas N. pidió la nulidad de su detención ante las falsedades que quedaban a la vista con solo contrastar el acta policial y la filmación de las cámaras de la peluquería de la Villa 31. El acta, con firma de tres efectivos, además de decir que el joven llevaba ocho paquetitos con marihuana y que lo agarraron en la calle tratando de huir, no contaba con la firma de testigos presenciales. Tampoco daba cuenta de que Kravetz participó en la detención (solo aludía a un funcionario). Su presencia se observa nítidamente en las imágenes: primero Lucas entra caminando al local, sin nada en las manos, y luego detrás de él aparecen tres personas de civil y un policía. El hecho fue descripto en el documento policial en el contexto de un procedimiento de «saturación» en el barrio. Se supone que son operativos de prevención.
Las actuaciones policiales hablaban de tres personas que estaban juntas en la calle, y que son las que en teoría quisieron huir de los agentes. Uno de ellos es Sergio R. Según la policía subió por una escalera caracol y se atrincheró en la vivienda. Siempre según esta versión, apareció la madre, hablaron con ella y luego el hijo salió, «fue asegurado» y entraron a la casa, donde no encontraron «ningún elemento constitutivo de delito».
La declaración prestada por la mujer dice otra cosa, según se transcribe en la causa: que había salido a hacer compras y al volver no la dejaban entrar por el operativo policial. «Como tampoco los dejaban estar en la calle y los apuntaban con armas entró a la casa de una vecina», a tres casas de la suya. Desde la terraza vio policías disparando. No pudo pasar a su casa hasta que le pidieron que hablara con el hijo. «Los policías estaban pateando la puerta y la doblaron, le dijeron que estaban esperando una orden de allanamiento para poder entrar», dice la transcripción. Le transmitió eso a Sergio, quien salió «y se lo llevaron detenido». Su defensor alegó que no había salido del domicilio hasta las 19, cuando escuchó que la policía estaba deteniendo a una tercera persona.
El otro detenido es Uriel G., que se supone que estaba con los otros dos según la policía. El relato de los agentes dice que lo capturaron en la misma escalera que había subido Sergio y que llevaba un morral negro cruzado En su interior «se halló una pistola marca Bersa, modelo mini thunder pro, calibre 9mm, con numeración suprimida, con inscripción Policía de la Provincia de Buenos Aires, con 7 municiones del mismo calibre con su respectivo almacén cargador, una de ellas en recámara», dice el parte. La jueza Rocío López Di Muro le imputó, según la acusación de un auxiliar fiscal, portación ilegal de armas de fuego en concurso con encubrimiento por receptación. Por la pena en expectativa, que sería efectiva y que tenía antecedentes, le dictó prisión preventiva.
Cuando la discusión llegó a la sala II de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil y de Faltas, dos de sus integrantes, Fernando Bosch y Luisa María Escrich, desecharon declarar la nulidad de la detención de Lucas sin siquiera analizar que la imputación era falsa. No mencionaron las actas y las discrepancias con la prueba. Alegaron que solo se declaran nulidades cuando hay un «vicio» que afecta un derecho o interés legítimo y, en consecuencia, causa un perjuicio irreparable». Además, sostuvieron que el eje de la discusión era la preventiva de Uriel G. y que debían confirmarla ante los riesgos procesales. En esencia, respaldaron a la jueza.
En cambio, el camarista Delgado fue el que decidió analizar todo el procedimiento en detalle y marcar que estaba viciado. Ahí reveló que las actas policiales no se correspondían con las filmaciones exhibidas en la causa. En el caso de Lucas, señaló que era abiertamente trucha la imputación. Sobre Guerra, planteó otro problema: para requisarle el morral los policías debían actuar con una orden judicial y, aún detenido, debería haber sido liberado por un juez. Si evadió la voz de alto, lo único que cabe es que le pidan identificación. «No existían ni razones de urgencia, ni una situación de flagrancia que justificara la requisa efectuada sin autorización judicial», sostuvo Delgado. Las fuerzas de seguridad, dijo, no pueden alegar situaciones de «urgencia» o «peligro» para su integridad física, para alterar procedimientos.
En este caso subrayó que el relato policial que señalaba «la hostilidad de los vecinos», «unas 40 personas», que les tiraban «todo tipo de elementos contundentes», pero que no se veía hostilidad en las imágenes sino un «un operativo de saturación con abundante personal policial en el barrio efectuando disparos» y que «los únicos reclamos que pueden oírse de los vecinos del lugar se relacionan con la presencia de niños y niñas y la solicitud de que cesen con los disparos».
¿Hay consecuencias?
Para Delgado no sólo había que anular todo, sino denunciar el procedimiento. Cuestionó incluso la intervención de auxiliares fiscales porteños con capacidad de decisión, que no son fiscales ya que no han concursado. Como quedó en minoría, su propuesta no prosperó. Pero fue categórico en lo que los otros jueces ignoraron: «No es posible tener por ciertas las afirmaciones volcadas por los policías en las actas: la detención de Lucas N. no ocurrió como se encuentra asentado dado que fue detenido dentro de un local comercial, y una persona de civil que resultó ser el Secretario de Seguridad de esta ciudad, sin portar ningún elemento constitutivo de delito que habilitara su aprehensión; la detención de Sergio R. y la legalidad del ingreso a su domicilio puestos en duda por la declaración de su madre (…) y la detención de Uriel G. a quien una vez identificado, no debieron requisar sin autorización judicial».
Sobre Kravetz, dijo el camarista: «El (ahora ex) secretario de Seguridad de esta ciudad no posee facultades para detener personas»; debería en cambio denunciar la falsedad de las actas dado que se involucró personalmente. Tampoco puede incurrir «en la violencia ejercida durante la detención (de Lucas), cuando se lo ve golpear en la nuca», «empujándolo hacia la salida».
Hay un antecedente de abril, donde otra sala de la Cámara, la IV, que sí revocó prisiones preventivas por la discrepancia entre la versión policial y la prueba. Sin ahondar reconoció que había una versión dudosa por la cual se había imputado a uno de los detenidos la portación ilegal de un arma de fuego. Había sido otro operativo de saturación, con la presencia de Kravetz y también Wolff. Habían tomado la costumbre de aparecer en ese tipo de operativos. Es factible y hasta razonable si es para controlar la legalidad de lo actuado. El problema es si hay abusos. Kravetz solía decir que lo hacía para mostrarles a estos «policías de intervención territorial» cómo actuar, cómo identificar personas y hacer controles vehiculares. Al dejar el cargo resaltó que este fue el año con menos homicidios dolosos desde 1996, que hubo récord de armas incautadas en villas y que esta policía barrial secuestró más droga que todas las otras divisiones.
El área de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires suele ser notificada de los procedimientos violentos. Este año fueron al menos tres operativos de este tipo en Ciudad Oculta, dos en la Villa 21.24 (Zavaleta) y dos en la 31. En la Zavaleta, en un video al que accedió este diario, Kravetz primero empuja a una mujer, luego la policía detiene salvajemente a otra con un embarazo de alto riesgo de 7 meses por resistencia a la autoridad (caso que fue cerrado).
A veces las víctimas no quieren hacer las denuncias por temor. En otras permanecen latentes hasta que un día toman estado público.